AUTORIDADES INDÍGENAS AZOTAN A TRES INDIVIDUOS EN QUICHÉ
Las autoridades indígenas de Santa Cruz del Quiché aplicaron el sistema de justicia maya o derecho consuetudinario a tres personas sindicadas de intentar dar muerte al comerciante Diego Quinilla originario del municipio de Santa Lucía la Reforma del departamento de Totonicapán, el hecho tuvo lugar en el campo de futbol de la aldea El Chajbal, a cinco kilómetros de la cabecera departamental de Quiché.
Según el alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, Juan Zapeta López, las personas fueron identificadas como, Pedro Chivalán Mejía, quien es yerno de la víctima, Alexander Otoniel Espino Rivera de origen nicaragüense y Cándido Culajay del municipio de Siquinalá del departamento de Escuintla, presuntamente éstos dos son sicarios y fueron contratados por el primero quien les dio la cantidad de 6 mil quetzales.Agregó que después de una cinco horas de deliberar junto a las autoridades de varias comunidades vecinas, se llegó al consenso de que era prudente propinarles una medida de corrección y sanación mediante la aplicación de 40 latigazos o “Xicayes” a fin de que recapaciten y que les sirva de escarmiento para no seguir cometiendo delitos que atentan contra la vida de las personas honradas y trabajadoras.
Estamos preocupados por este tipo de hechos pero más preocupados por la debilidad del sistema de justicia estatal ya que en meses anteriores se detuvo a una persona que mató a su suegro en esta misma comunidad y fue entregado a la Policía Nacional Civil pero al poco tiempo salió de la cárcel para volver a robar, lideres de la comunidad lo volvieron a aprehender pero los mismos policías lo fueron a liberar y por eso no confiamos en la justicia y creemos que nuestro sistema es más efectivo y lo seguiremos aplicando para demostrar su resultado y esperar que algún día sea considerado dentro del marco jurídico estatal, queremos aclarar que esto es totalmente distinto a un linchamiento, estamos en contra de los linchamientos, lo nuestro es una medida reparadora y correctiva y un método de purificación para quienes han hecho el mal, indicó Zapeta.El Señor Diego Quinilla quien se salvó de morir, dijo que su yerno le debe 30 mil quetzales, 10 mil le dio en efectivo y 20 mil en mercadería consistente en dos bultos de calzado que se robó y por exigirle que le pague, éste ha intentado matarlo, pues hace dos semanas llegó en estado de ebriedad amenazándolo con quitarle la vida, trascendió que en este hecho están implicadas Margarita Chivalán Tzoy y Estela Marcela Quinilla Chivalán, esposa e hija de la víctima respectivamente, al parecer ellas entregaron el dinero para el pago de los sicarios, por lo que se presume que el yerno actuaba en contubernio con su esposa y su suegra para quedarse con los bienes y de paso no pagar la deuda.
Pedro Chivalán confirmó que en efecto le debe dinero a su suegro y que ya no puede pagar porque fracasó con un negocio en Siquinalá y por eso decidió cometer ese hecho y para pagar al sicario le pidió dinero a su suegra y su esposa, mientras que el de origen hondureño dijo que fue invitado para venir a cometer el hecho, aunque tenía en mente solamente recibir el dinero y regresar junto a su otro cómplice.
Al iniciar la aplicación del castigo, los líderes comunitarios invitaron a todos los menores de edad a estar en primera fila a fin de observar cómo eran juzgadas las personas que se dedican a cometer actos delictivos para que ellos no cometan los mismos errores sino que sean personas de bien y con valores bien cimentados, al concluir el castigo a cada uno se le obligó pedir perdón a su víctima.
Posteriormente se trató de aplicar el mismo castigo aunque en menor cantidad a las dos mujeres, pero la mayor de ellas dijo que recientemente se le había practicado una cirugía, por lo que pidió ser procesada mediante el sistema oficial al igual que su hija, de esa manera los lideres optaron por no propinarles los 13 latigazos que habían convenido, aunque varios de los presentes rechazaron esa medida.
Después de concluida la aplicación del castigo, los tres individuos fueron trasladadas al municipio de Santa Lucía la Reforma para recibir otro castigo similar porque en ese lugar también habían cometido algunos hechos delictivos, para llegar al lugar debieron recorrer a pie un aproximado de siete kilómetros aunque su situación de salud peligraba por los azotes recibidos.
